¿Cuáles son los puntos clave en este caso? Todo empezó cuando el juez instructor José Castro solicitó en el 2010 que se diera información sobre los negocios realizados por el Instituto Nóos, cuya presidencia fue ostentada por Iñaki durante unos años, incluyendo unos negocios por los que cobró unos fondos públicos del Govern Balear y de la Comunidad Valenciana.

El Juez exigía una explicación sobre la firma de unos convenios en 2005 y 2006 entre la Fundació Illesport y el Instituto Balear de Turismo con el Instituto Nóos que sirvieron para crear Illes Balears Forum, un encuentro internacional sobre deporte y turismo.

Sin embargo, pronto se advirtió de unas irregularidades en la obtención de unos ingresos considerablemente altos (1,2 millones de euros) que necesitan ahora mismo una justificación de su destino. Asimismo, se han encontrado cuentas corrientes en paraísos fiscales, así como la creación de empresas falsas a fin de eludir impuestos. Concretamente, Iñaki está acusado de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación.

Iñaki ha declarado que él desconocía totalmente todas las irregularidades en la gestión del Instituto Nóos y ha afirmado que el responsable es su ex socio y presidente del mismo -Diego Torres- después de que el propio Iñaki dejara la presidencia para irse a vivir y trabajar a Washington.

¿En qué sentido está siendo afectada la monarquía española?

La monarquía española se ha deentendido de este caso, anulando los actos oficiales de la Infanta Cristina y su marido. A pesar de mantener la distancia, la monarquía y la opinión que tienen de ellos los españoles se está deteriorando. En un primer momento, se insinuó que la infanta Cristina podría haber tenido algo que ver en los negocios de su marido pero el juez concluyó que la misma era la típica mujer de empresario, que tal vez participa en algún negocio teniendo escasa información sobre el mismo.

Por tanto, se le ha dejado al margen del caso que acusa a su marido de diferentes delitos. Esto no ha sido suficiente para que la opinión pública llegara a desvincular totalmente a la familia real en este asunto.

Se ha especulado con que la familia real sabía de estos negocios. Sin embargo, el juez no ha visto indicios incriminatorios en la Infanta Cristina y, por ende, en la familia real.

¿Qué pasaría si la monarquía se deteriora tanto que llega a una situación insostenible? La Constitución Española establece en su artículo 1, apartado 3, que “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.” Por tanto, en el mismo artículo 1 ya se fija que la Monarquía parlamentaria es la forma política establecida en España. Seguidamente, en el Título II de la misma Constitución está regulada La Corona”, estableciendo en su artículo 56 y siguientes que la persona del Rey, Jefe de Estado, es inviolable y no sujeta a responsabilidad.

El artículo 61 regula que “El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.”

La Constitución Española sólo habla del rey y sus herederos, por lo que no se pronuncia sobre los otros miembros de la casa real. Por tanto, si bien es cierto que la figura del Rey es inviolable y no juega con las mismas reglas de responsabilidad que el resto de los españoles, el marido de la infanta Cristina sí que es responsable de sus actos, igual que los ciudadanos españoles.

Siendo la monarquía una institución que deriva directamente de la Constitución Española, para darla por concluida, se necesita la disolución inmediata de las Cortes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 de la misma. Este artículo establece que cuando se proponga la revisión total o parcial que afecte a determinados aspectos de la Constitución (incluido el Título II que se refiere a la Corona) se necesitara mayoría de dos tercios de cada Cámara (Senado y Congreso) y se procederá a la disolución inmediata de las Cortes Generales. Posteriormente, las Cámara elegidas deberán aprobar el nuevo texto constitucional por mayoría de dos tercios. Después de aprobar la misma por las Cortes Generales, se someterá a referéndum a fin de su ratificación.

Por tanto, si se quisiera disolver la monarquía española, se debería pasar por todo un procedimiento complicado, que incluye la disolución de las Cortes Generales y posterior procedimiento de aprobación del nuevo texto constitucional que incluya otra forma política (por ejemplo, una república) y que la misma sea ratificada concluyendo mediante referéndum.

Queda claro que la monarquía española no vive su mejor momento. El caso “Palma Arena” está provocando que su imagen se vea más deteriorada, a pesar que ha quedado claro que ellos están al margen del caso que está acusando a Iñaki Urdangarín de malversación de caudales públicos y fraude a la Administración Pública, pasando por prevaricación y fraude documental.

Por el momento, la situación de la monarquía española no es tan grave para que se acuerde su disolución, un momento que es complicado que llegue actualmente, por el procedimiento que está regulado en la misma Constitución Española, que es costoso y lento, y en estos momentos el Gobierno español y sus ciudadanos están más preocupados en salir de la crisis que en las vivencias de la familia real española.