Una de los últimas reformas que ha llevado a cabo el actual Gobierno ha sido la reforma de RTVE, es decir, de la televisión pública española, a través del Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio. Finalmente, ha sido aprobada con los votos del PP y CIU.
Con este Decreto-Ley se modifica, en primer lugar, la elección del presidente y del Consejo de Administración de la televisión pública. Anteriormente, con la Ley 17/2006 se necesitaba el acuerdo de dos tercios del Congreso de los Diputados. Con la nueva reforma, basta con la mayoría absoluta del mismo, que es ostentada por el actual Gobierno en el Congreso.
Por tanto, si con la mayoría absoluta del partido que gobierna actualmente España es suficiente, este hecho es el primer indicador que la que, hasta ahora, era la televisión pública formada por profesionales independientes, dará lugar a una televisión pública politizada y condicionada al partido en cuestión que está gobernando en ese momento.
Otra modificación que se contempla es la reducción de 12 a 9 miembros del Consejo de Administración. Con la antigua regulación, dos de ellos eran elegidos por los sindicatos más representativos nacionales. El resto son nombrados por los partidos políticos de representación parlamentaria. Asimismo, no se les exigirá plena dedicación en tanto que sólo cobrarán dietas por la asistencia a las sesiones. Hasta ahora, cobraban un salario por lo que se esperaba que se dedicarán plenamente a su cargo. El Gobierno justifica dicha reducción porque entiende que 12 miembros era un número excesivo.
Así pues, más motivos para asegurar que la televisión no será independiente puesto que estará formada por profesionales que, mientras desempeñan su cargo en el Consejo de Administración, trabajarán en distintas profesiones. La pregunta es: ¿habrá algún régimen de incompatibilidades, tal y como está regulado para el ejercicio de la carrera judicial?
De estos 9 miembros, 5 serán elegidos por el Congreso y los otros 4 restantes por el Senado entre personas de reconocido cualificación y experiencia profesional. El sistema de elección será el siguiente: en la primera votación, se necesitará una mayoría de dos tercios. Si ésta no es alcanzada, se prevé que, en la segunda votación, que tendrá lugar 24 horas después, sólo se exigirá mayoría absoluta.
Asimismo, el Consejo Asesor tendrá 16 miembros, uno de ellos designado de común acuerdo por todos los sindicatos con implantación en la Corporación de RTVE.
Las opiniones en contra de este Decreto no se han hecho esperar: el Consejo de Informativos afirma que esta reforma puede afectar a su independencia y, por consiguiente, a sus servicios informativos, mencionando que la Ley de 2006 despolitizaba a RTVE, proponiendo implantar una mejora en dicha ley en el sentido de que profesionales realmente independientes y con prestigio en el ámbito de la comunicación integren el servicio de televisión pública. Entienden que esta reforma podría llevar a la implantación de una televisión gubernamental. El consejero de UGT afirma que el Gobierno quiere convertir a RTVE en un instrumento de ideologización.
Este Decreto ha levantado más opiniones en contra que a favor, puesto que implica una politización de la televisión pública y, por tanto, un control por parte el Gobierno. Esto puede dar lugar a una televisión no independiente que, a la larga, disminuya su audiencia, perdiendo competitividad en relación con la televisión privada.
