La reciente dimisión del Presidente del Tribunal Supremo, Carlos Divar, a raíz de una denuncia de un vocal de ese Tribunal por malversación de caudales públicos, por haber cargado al presupuesto de ese tribunal, como gastos protocolarios (aquellos destinados a agasajar a personalidades de organizaciones o representantes de otros poderes del Estado), gastos personales, tales como estancias en hoteles o cenas en restaurantes lujosos, ha vuelto a poner en el disparadero mediático a las altas instancias judiciales;
El propio TS ha archivado el caso por considerar que el entonces presidente no incurrió en ningún delito, por cuanto los gastos protocolarios se abonan, previa comprobación por parte de la Intervención del órgano. ( habrá que pensar que poner en cuestión todo el Órgano ya hubiera sido demasiado imprudente por parte del TS)
Asimismo, considera que la presente normativa no obliga a la justificación del motivo de los desplazamientos, únicamente la presentación de la justificación documental del gasto y hacer constar la condición de quién realiza este gasto.
Carlos Divar cumplió con los dos requisitos mencionados, por lo que el TS considera que no incurrió en malversación de caudales públicos, ya que cumplió con lo establecido por la legislación aplicable en ese caso, a pesar que de la misma resulta un vacío legal a causa del cumplimiento de mínimos de acreditación cuando se trata de utilizar dinero público.
Así pues, como resultado de la polémica surgida por la denuncia del vocal, Carlos Divar, finalmente, decidió presentar su dimisión, aunque ya ha manifestado que considera que se ha metido en aspectos de su vida privada y religiosa y que considera que esta polémica estaba dirigida claramente a sustituir al Presidente del TS, a través de su renuncia.
Este caso vuelve a sacar a la luz la politización de nuestros órganos judiciales, tales como el Tribunal Supremo (TS) o el Tribunal Constitucional (TC).
El TS está compuesto por el Presidente y por Magistrados, nombrados por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial; mientras que los miembros del TC son nombrados por el Rey a propuesta, por un lado, del Congreso de los Diputados y del Senado, por otro, a propuesta del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial.
Por tanto, está claro que la composición de estos órganos judiciales se determina en función del Gobierno elegido en ese momento, por lo que resulta un TS y TC politizado.
¿Qué consecuencias negativas tiene esta politización? Que un Tribunal que tiene que impartir justicia en las más altas Instancias, esté compuesto por miembros elegidos por los políticos puediera dar lugar a decisiones injustas y parciales, dictadas a fin de favorecer a la posición política que gobierna en ese momento.
La solución que se podría establecer es modificar dicho sistema de elección de los magistrados de estos tribunales a fin que pudieran ser elegidos por los ciudadanos. En tanto que ya que la justicia se aplica y administra en nombre del pueblo, que sea éste quien decida qué magistrados consideran que son más adecuados para esas tareas, tal y como en Estados Unidos.
Igualmente, no debemos de olvidar que no son los ciudadanos los que tienen dudas de la imparcialidad judicial, sino que son los propios políticos que los eligen. Así, en un afán de demagogia sin escrúpulos, Esperanza Aguirre cargan sobre ellos según el interés judicial del momento.
Al hilo de la decisión del Tribunal Constitucional de legalizar Sortu (por seis votos a cinco) en contra del criterio del Supremo, la presidenta madrileña propuso este jueves integrar el primero en el segundo.
"Ha llegado el momento de plantearse muy seriamente por qué tiene que haber un Tribunal Constitucional nutrido de políticos que se llaman magistrados pero que no lo son, y si hay que hacer recortes a lo mejor hay que empezar a pensar que el Constitucional sea una sala del Supremo", señaló.
Esta señora, lega en derecho pero grande en soberbia, parece desconocer la realidad de ambas instancias judiciales y que siguiendo su tesis, una veces habría que hacer desaparecer el TC y otra el TS. En definitiva, siguiendo con sus propias argumentaciones, habría que preguntarle si no prefiere que desaparezca el poder judicial y se convierta en una “sala legal” del Parlamento.
Aquí podríamos citar a George W. Bush cuando nos dice aquello de: “no es la contaminación lo que estropea el medio ambiente, sino las impurezas en nuestro aire y nuestra agua”
Con perlas así, en Madrid y EE.UU, la seguridad jurídica “está garantizada”. Pero, lo que es evidente, es que aquí en España, hasta que no se cambie la forma de elección de los magistrados, continuaremos teniendo dudas sobre la imparcialidad de nuestros jueces y ante un caso como el del Presidente del TS surgirá el debate sobre la supuesta politización de nuestro sistema judicial.
