Oleada, avalancha, invasión, asalto... Tales son los calificativos cotidianos a una realidad no menos habitual en los medios de comunicación y en tertulias seudointelectuales sobre la cruenta realidad de la entrada en la frontera europea a través de la española de miles de inmigrantes, unos a pie, otros a lomos de esos nuevos artilugios –cayucos- de mayor eslora y capacidad que la patera; aunque ninguno de ellos en la grupa de corceles blancos inmaculados.

Una de las soluciones de manual es la de que reparando los problemas económicos en los países exportadores de inmigrantes se paliaría el mayor porcentaje de inmigración. Pero, no se trata únicamente de solucionar –llamémosle- dicho “contratiempo” sino de permitir que cualquier persona se pueda mover libremente por el Planeta. Si se está consiguiendo con los bienes, servicios y capitales -favorecidos por la globalización- también debería ser posible hacerlo con las personas. Aunque, esto no interesa, la pobreza no tiene atractivo.

Europa debe encontrar su sentido social, en la defensa de los derechos de todos los seres humanos, y no expresamente de los europeos, mediante instrumentos reales y no mediante guiños jurídicos que no resisten la más leve crítica.

Ciertamente y tomando como ejemplo el terreno de los derechos laborales y sociales, pasemos muy someramente revista a algún aspecto de la Constitución Europea para dar cobertura a lo que vengo afirmando:

Por lo que respecta al Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa firmado en 29 de octubre de 2004 (que debería entrar en vigor el 1 de noviembre de 2006 ) y que todavía no ha sido ratificado por algunos Estados, incluso otros lo han hecho en sentido negativo, es necesario hacer un careo con los parámetros con que se incorpora la Carta de Derechos Fundamentales a dicha Constitución.

Pero primero vamos a detenernos sucintamente en las reprochables Sentencias del antiguamente denominado, Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de fecha 17 de marzo de 1993 en los casos C-72/91 y C-73/91 (Firma Sloman Neptum). El Tribunal admite válidas las discriminaciones salariales contra unos trabajadores filipinos a los que se les paga un salario inferior que a los nacionales alemanes por idéntico trabajo y según la Sentencia no se viola con ello los derechos humanos de los extranjeros.

Volviendo al Tratado de Constitución, el párrafo tercero del art. II-75 indica que el nacional de un tercer país que se encuentre de forma regular en territorio UE tiene derecho a unas condiciones laborales equivalentes a las que disfrutan los ciudadanos. Habrá entonces que preguntarse si los cientos de miles que se encuentren de forma irregular en un Estado pueden ser explotados con total libertad.

¿Pero qué ocurre con las prestaciones de Seguridad Social y demás ventajas sociales?
El párrafo segundo del art. II-94 especifica que solamente tiene derecho toda persona que resida y se desplace legalmente dentro de la UE, olvidando que este es un derecho humano de toda persona tal y como indica el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por último, en el Título V se entrevé una ciudadanía que excluye a los que no residan legalmente -y que por tanto son personas más vulnerables y desfavorecidas- me refiero al derecho de reclamación al Defensor del Pueblo o al de Petición al Parlamento Europeo.

¿Pero cuenta Europa con verdaderas políticas sociales que tengan presente la realidad de personas de terceros Estados asentados en su territorio? Esa hipocresía de la mano tendida no considera las miserias humanas mas allá del capitalismo exacerbado al más puro estilo de la escuela de Chicago.

la Fortress Europe debe buscar fórmulas para moralizar al sistema capitalista. Incluir a los excluidos mediante el mantenimiento del Estado Benefactor, entendido éste como la mejor de las caras de las Políticas de Bienestar Social -y no como creo entender que lo interpretó un Director General en fechas recientes- como un sistema caritativo o de beneficencia.

Se trata, sin ningún género de duda, de un marco social inigualable en cuanto al reparto de la riqueza y la transferencia de oportunidades desde el control del Estado democrático. En el que Europa tiene, por cierto, amplia experiencia. Al contrario que en España donde no ha llegado a alcanzar el nivel de prestaciones del promedio de los países europeos. Es más, aquí, las políticas franquistas supusieron un gravísimo freno al desarrollo de las mismas en contraposición con el avance que se evidenció, tras la Segunda Guerra Mundial, en buena parte de los países occidentales.

En la actualidad, las nuevas ofensivas contra el Estado de Bienestar siguen teniendo contestaciones sociales que la mantienen a raya. Sin embargo, la negación depararía en posturas extremas en las que el futuro de los menos favorecidos sería estrictamente encomendado a la caridad privada.

De este modo, lo importante sería saber hasta dónde esta dispuesto el Estado-Europa a llegar ante la globalización de la inmigración. La necesidad estriba en conocer el derroche de solidaridad y compromiso político que se está dispuesto a conceder. Ser competitivos y a la vez alumbrar un programa contra la pobreza o la inmigración no es tarea baladí, pero solidaridad y globalización no son excluyentes.

A la ayuda del Estado-Europa deben también contribuir mecanismos solidarios por parte de toda la sociedad para involucrarnos de manera tajante en construir un vivero de integración y tolerancia. En definitiva, humanizar la inmigración.

Para terminar, si se me permite, podría traer aquí -versionando al gran Machado y destrozando sin ningún género de dudas sus versos- de esta manera:

Ya hay un inmigrante que quiere
vivir y a vivir empieza,
entre una Europa que muere
y otra Europa que bosteza.
Inmigrante que vienes
a Europa, te guarde Dios.
Una de las dos Europas
ha de helarte el corazón.

La Europa Social y solidaria ha vuelto a sufrir un grave revés con la aprobación por parte del Parlamento Europeo de la Directiva de Retorno.

Efectivamente, la única salida que quedaba para dar marcha atrás o enmendar dicha Directiva era mediante un guiño del Parlamento Europeo, sin embargo, en el estreno en el proceso de la Codecisión en materia de inmigración el Parlamento no ha estado a la altura que debiera y ha sucumbido ante la presión de sus países para así poder contar con el Fondo Europeo de Retorno de casi setecientos millones de euros para financiar gastos de repatriación de inmigrantes.

Una vez más se evidencia que los veintisiete sólo se ponen de acurdo para hacer política común en materia de inmigración irregular, pero que la armonización de la legislación para una verdadera política de integración de los inmigrantes en situación regular no es prioridad en su fracasada agenda social.

La dignidad de las personas ha sido nuevamente vapuleada por la fortaleza europea, ahora más inexpugnable que nunca y que a partir de este momento sólo cuenta con puertas de emergencia y un verdadero pacto de expulsión a veintisiete bandas.

En el plazo de dos años los países de la Unión deben adaptar su legislación a la Directiva. Es de suponer que de forma acelerada se dará cobertura nacional a la misma en detrimento de otras tantas que hasta ahora esperan en el limbo del olvido. La inmigración es excesivamente importante, sobre todo en época de baches de aire en la economía europea.

La peor de las caras de la globalización, con los graves problemas económicos, sociales, culturales, políticos…, se pone de manifiesto una vez más contra los menos favorecidos, la cohesión social en Europa no se verá obviamente fortalecida con la patada en la espalda al inmigrante.

Es presumible, lo mismo que ya aconteció tímidamente con Brasil, que serán multitud de países los que adaptarán sus legislaciones a la beligerancia europea contra sus nacionales.

El peregrinus europeo lejos ya de ser considerado bajo el crisol de los derechos humanos es ahora denostado como un hostis o enemigo eterno de los veintisiete.