El Gobierno ha puesto en marcha una reforma del sistema financiero a fin de favorecer el crecimiento y la estabilización de la economía española. Real Decreto Ley 2/2012 de 3 de febrero de saneamiento del sector financiero

La reforma financiera está dirigida al saneamiento de las entidades bancarias, concretamente deberán sanear su riesgo inmobiliario, es decir, deberán aumentar 50.000 millones sus provisiones y crear un colchón de capital, a costa de la cuenta de resultados de un año. De esta manera, se pretende que las viviendas propiedad de los bancos salgan a la venta.

Por otro lado, las entidades que participen en fusiones tendrán dos años para adaptarse a la nueva regulación, con el requisito que presenten antes del 30 de mayo un plan de viabilidad para aumentar su tamaño en un 20%, incluyendo medidas de gobierno corporativo así como un compromiso de concesión de crédito.

En el caso de entidades bancarias que se decidan por la fusión, deberán dirigirse al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a fin de solicitar un préstamo público. El mismo tendrá un capital de 15.000 millones de euros con la misma capacidad de endeudamiento, esto es, de 90.000 millones de euros.

¿De qué manera el FROB concederá estos préstamos públicos? A través de la compra de bonos convertibles contingentes, títulos de renta fija que pasarán a convertirse en acciones bajo una condiciones concretas.

Para los activos con más problemas, la reforma establece una provisión de 25.000 millones de euros con cargo a resultados. Esta provisión se fija como excepcional.

En opinión del actual Gobierno, esta reforma dará como resultado unas entidades bancarias más sólidas y saneadas, por lo que, frente a una crisis económica en un futuro, los bancos tendrán una estructura más estable, sin riesgo de colapso. Asimismo, permitirá que más viviendas salgan a la venta por un precio menor, posibilitando un acceso más barato a la adquisición de una vivienda. Además, el saneamiento de los activos inmobiliarios, hará que algunas entidades bancarias recurran a la fórmula de las fusiones para cumplir con dicha reforma.

Esta reforma financiera ha creado incertidumbre sobre la estrategia que seguirán los bancos a la hora de aplicarla. Se teme que el sector financiero proceda al despido masivo a causa del esfuerzo adicional que supone la aplicación de esta reforma así como a la facilidad para despedir establecida en la  reforma laboral.

Para dar mayor seguridad, los sindicatos han forzado que se establezca por escrito que las medidas de ajuste derivadas de la aplicación de la reforma financiera incluirán prejubilaciones, modificaciones de las condiciones laborales, movilidades geográficas, bajas incentivadas, suspensiones o reducciones de jornada. Todas estas medidas se deberán agotar antes de optar por los expedientes de regulación de empleo.

 ¿Realmente la reforma financiera va a suponer un gran esfuerzo para las entidades? En realidad, el aumento de 50.000 millones de sus provisiones a fin de sanear sus activos inmobiliarios queda reducido a la mitad puesto que la misma reforma fija fórmulas para reducir este importe. Así pues, no se necesitarán tantas fusiones como el Gobierno anunciaba.

Asimismo, un aumento de provisiones causa que se reduzca el crédito por lo que el incremento del mismo se producirá a largo plazo. Por tanto, uno de los objetivos de la reforma financiera tardará más de lo esperado, ya que el crédito tardará más en fluir, prologando la recesión.

Parece ser que la actual reforma financiera dará como resultado prolongar la situación de recesión y no mejorará el acceso a préstamos ni el saneamiento de activos inmobiliarios. Está más enfocada a largo plazo que a corto plazo sin suponer un gran esfuerzo por parte de las entidades bancarias. Todo esto repercute finalmente en la ciudadanía, no pudiendo acceder más fácilmente a créditos ni a una vivienda más barata.

De igual manera, habrá que preguntarse cómo pueden las propias entidades poner recursos a disposición de su propio saneamiento mediante provisiones si no disponen de dichos recursos, o dicho de otra manera, a no se que si los tengan y en ese caso, si tienen recursos, ¿no deberían ponerlos a disposición y financiar la economía?

Aunque un poco retrasado, vamos a comentar el Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgente en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Para en su momento hacer un análisis sobre qué supuso la aplicación de ese Real Decreto.

El Ministro de Hacienda ha indicado que ese Real Decreto está dirigido a corregir la desviación del saldo presupuestario para el conjunto de las Administraciones que ha sido estimado para el ejercicio 2011 en relación al objetivo de estabilidad que había sido acordado.

En el propio preámbulo se afirma que las medidas que se concretan más adelante, referentes tanto en los ingresos como en los gastos, dan como resultado más inmediato una reducción en más de un 1% el Producto Interior Bruto, la cual se concretaría posteriormente en el Proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2012.

¿Qué medidas contiene este Real Decreto y qué consecuencias se derivan de su aplicación? En primer lugar, mantienen las cuantías del salario del personal y altos cargos del sector público así como la congelación de la oferta de empleo público, pasando por fijar una jornada laboral para todo el sector público de, como mínimo, 37 horas y 30 minutos.

Siguiendo con el tema de la congelación de salario, también se prevé que no se aumenten las pensiones, excepto las pensiones mínimas de la Seguridad Social, las pensiones del SOVI no concurrentes y las pensiones no contributivas.

En relación con la Administración local, este Real Decreto quiere garantizar que la situación financiera de ésta no repercute a fin de conseguir el objetivo de una estabilidad presupuestaria, estableciendo, entre otras medidas, la aplicación de forma temporal para el 2012 y 2013 un aumento del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. (Habrá que preguntarse por el privilegio de la iglesia en relación a no pagar por sus inmuebles, siendo uno delos mayores acaparadores de bienes terrenales)

Siguiendo con la Administración y en relación con las entidades territoriales, se fijan medidas dirigidas a disminuir su déficit, entre las que se destacan, la concertación de operaciones de endeudamiento por las entidades locales.

Respecto a las Comunidades Autónomas, se regula la posibilidad de permitir que si los créditos llegasen a ser insuficientes para el pago de las entregas a cuenta se realicen transferencias, refiriéndose al Fondo de Suficiencia Global.

Evidentemente, todas estas medidas dirigidas a las Administraciones intentan reducir déficit público y controlarlo y con su aplicación es muy probable que se consiga dicho objetivo.

Las Disposiciones Adicionales de este Real Decreto son importantes puesto que amplían el plazo de pago de deudas con la Seguridad Social de instituciones sin ánimo de lucro o sanitarias, cuyo titular sea la Administración Pública así como se regula la financiación de la Iglesia Católica.

Una de las medidas que más van a causar problemas entre los jóvenes es la derogación del Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes. Evidentemente, esto último va a crear más dificultades para la emancipación de los jóvenes, cuya realidad se va haciendo más lejana. Sin trabajo o con trabajos que apenas les llegan para compartir piso, los jóvenes verán que salir del hogar familiar e independizarse es cada vez más complicado. Con dicha ayuda para la emancipación, aunque no de cuantía muy elevada, facilitaba la misma a la población juvenil.

Asimismo, este Real Decreto modifica diferentes impuestos. Se establece un gravamen complementario a la cuota íntegra estatal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas así como se aumenta del 19% al 21% de retención en el Impuesto de Sociedades, prorrogando el gravamen reducido por mantenimiento o creación de empleo para las microempresas.

El referido Real Decreto, por tanto, tiene como objetivo principal la reducción del déficit público, consiguiendo más ingresos a través del aumento del gravamen de los impuestos, especialmente el Impuesto de Sociedades y sobre la Renta de las Personas Físicas, así como reduciendo los gastos, eliminando, por ejemplo, la renta para la emancipación de las personas jóvenes.