La situación económica griega actual ha planteado la cuestión de qué pasaría si un país que se encuentra dentro de la Comunidad Económica Europea decide salir de ésta. Es decir, qué consecuencias puede acarrear que un país salga del Euro y, por tanto, vuelva a su moneda anterior. En el caso de España, volver a las pesetas.

¿Existe un procedimiento para dejar el euro? Nunca se ha previsto un procedimiento específico para dejar el euro. El Tratado de Maastricht de 1992 y el Tratado de Lisboa de 1997 fueron los tratados que pusieron en funcionamiento el euro.

Sin tener un procedimiento para salir del euro, la única manera de dejar el mismo sería salir de la Unión Europea, procedimiento previsto en el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Dicho artículo establece que todo estado miembro de la Unión Europea puede retirarse, siempre notificando esta decisión al Consejo Europeo y celebrando un acuerdo con la Unión Europea, negociando la forma de su retirada.

El Consejo celebrará dicho acuerdo en nombre de la Unión Europea por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo. Una vez que el estado miembro se retira, los tratados europeos se dejan de aplicar. Si, posteriormente, manifiesta su intención de ingresar de nuevo en la Unión Europea, el procedimiento a seguir es el establecido para cualquier país que solicite el ingreso, de conformidad con el artículo 49 del Tratado de Lisboa.

Por tanto, si España quiere salir del euro, debe retirarse de la Unión Europea. ¿Qué consecuencias tendría esta retirada?

En primer lugar, disminuiría la confianza internacional en España, por lo que, por consiguiente, aumentaría el coste de la financiación de la deuda pública así como los intereses tanto para la financiación pública como para la financiación privada. El siguiente paso sería la devaluación de la peseta, que daría lugar a una inflación difícil de controlar.

Dicha devaluación produce un aumento de la competitividad internacional aunque, sin embargo, España se caracteriza por importar más que por exportar por lo que apenas se notaría en la economía española. Las grandes empresas con inversiones en el exterior sufrirían grandes incertidumbres a causa de un posible aumento de tipo de cambio.

Abandonar el euro implicaría una incertidumbre internacional, dando lugar a un aumento de los intereses a pagar por los préstamos internacionales así como una mayor dificultad en el acceso a éstos. Por tanto, sería más difícil obtener crédito de los mercados internacionales a un bajo coste.

Dentro de la sociedad española, el proceso de readaptación a las pesetas debería ser inmediato puesto que no se dispondría del tiempo que se tuvo para que nos adaptáramos al euro.

Afectaría gravemente a la población española a causa que aumentaría la inflación, aumentarían los precios y disminuiría el consumo. Asimismo, bajo este riesgo, podría suceder igual que pasó en Argentina, a causa que los bancos se quedaron sin cantidad líquida a raíz de que las personas decidieron retirar su dinero depositado en ellos por miedo a dichos cambios.

Realmente, se puede llegar a la conclusión que retirarse del euro sería más perjudicial para la economía y la sociedad española que mantenerse en él. Puesto que una salida del euro conlleva una salida de la Unión Europea, se perdería la posibilidad de tener un mercado único y en el período transitorio que se produce entre dejar el euro y la implementación de la nueva peseta se estaría en una situación de caos.

Con la llegada masiva de inmigrantes de Libia y Túnez a Italia, causada por las revueltas árabes de los últimos tiempos, se ha abierto el debate alrededor del Acuerdo Schengen, un acuerdo que permite suprimir los controles fronterizos internos y crear un control único externo a través de un mismo procedimiento.

En este contexto de llegada de inmigrantes y sin saber quiénes llegan a la Unión Europea en busca de trabajo y quiénes llegan como refugiados, Italia decidió otorgar a todas estas personas, sin distinción entre los que buscaban refugio y los que no, un permiso de residencia temporal. Francia no le pareció del todo correcto y decidió suspender temporalmente el tráfico de trenes hacia Italia para evitar que los inmigrantes que habían llegado a Italia decidieran poner rumbo a Francia. Ésta justificó su decisión en base al orden público, alegando que no contravenían el Acuerdo de Schengen.

¿Pero, qué es el Acuerdo de Schengen?  Es un acuerdo, firmado en 1985, que permite suprimir los controles en las fronteras interiores de los estados que forman parte del Espacio Schengen, así como da la posibilidad de crear una única frontera exterior, con controles de entrada en el referido espacio y utilizando un mismo procedimiento. Los Estados que forman parte del Espacio Schengen son casi todos los Estados miembros de la Unión Europea y algunos terceros países como Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. Además de la supresión de los controles fronterizos, el mismo acuerdo estableció medidas de cooperación y coordinación entre la policía y las autoridades judiciales para proteger la seguridad interior de los estados miembros y para luchar, asimismo, contra la delincuencia organizada. En la cooperación y coordinación participan todos los Estados miembros de la Unión Europea, aunque no pertenezcan al Espacio Schengen,  así como algunos terceros países.

Una de las ventajas del acuerdo Schengen es permitir una movilidad total de los ciudadanos comunitarios, así como la posibilidad de solicitar un único visado por parte de los extracomunitarios que sirve para poder visitar cada uno de los países europeos. Por otro lado, dicho acuerdo no permite controlar adecuadamente la inmigración ya que un inmigrante, legalizando su situación en un país, puede residir en otro país dentro del marco de aplicación del Acuerdo Schengen, además de que un inmigrante en situación administrativa irregular puede cruzar la frontera fácilmente para entrar en cualquier país miembro.

Así pues, debido a la afluencia masiva de inmigrantes antes mencionada, Francia e Italia solicitaron una revisión del acuerdo, en tanto en cuanto lo consideraban insuficiente para afrontar situaciones parecidas.

Grecia y Malta han manifestado su conformidad con una revisión del acuerdo, siempre que se mejore la distribución de los flujos migratorios indocumentados entre estados miembros de la Unión Europea. Seguidamente, se han alzado voces afirmando que reformar el acuerdo Schengen de la manera que se propone, ataca directamente las bases de la Unión Europea y, concretamente, afecta al principio fundamental de la Unión Europea de libertad de circulación de personas, además manifiestan que el acuerdo ya contempla respuestas en caso de situaciones excepcionales y emergencias humanitarias, tal y como está sucediendo actualmente con los países árabes.

La Comisión Europea, a su vez, presentó el día 4 de mayo de 2011, una serie de propuestas destinadas a la mejora del funcionamiento del Acuerdo Schengen, que incluye la reintroducción de controles fronterizos entre Estados miembros, sólo en situaciones excepcionales y con unos criterios que deben estar fijados a nivel europeo.

En primer lugar, nos debemos plantear si dichas medidas afectan de algún modo a la política de libertad y seguridad de la Unión Europea. El establecimiento de controles en las fronteras de los Estados miembros, fijando claramente que supuestos deben ser considerados como excepcionales no produce, en principio, ninguna consecuencia negativa para la política de la Unión Europea. Simplemente, la Comisión Europea propone mejorar la definición de qué supuestos son considerados de “situación excepcional” y tener la posibilidad de cerrar fronteras en caso que se reciba una ola masiva de inmigración o si el país en cuestión se muestra incapaz de contener la llegada en masa de inmigrantes. Actualmente, cada Estado miembro puede establecer controles en sus fronteras alegando motivos de seguridad u orden público, tal y como hizo Francia para evitar que inmigrantes tunecinos y libios entraran en su país.

Sin embargo, afecta negativamente a los inmigrantes puesto que encontrarán más obstáculos para establecerse en un país, a pesar que su entrada sea más que justificada y, por tanto, no sancionable.

Por otro lado, el cierre de fronteras puede tener consecuencias para los ciudadanos europeos. En este momento, los europeos, en virtud del Acuerdo Schengen, que, recordemos, suprimió todo control fronterizo, pueden viajar de un país a otro (siempre que se encuentren dentro del Espacio Schengen) con total libertad. ¿Qué pasaría si se acuerda establecer el control fronterizo ante una llegada masiva de inmigrantes? Podría pasar que ante una oleada de inmigrantes europeos, el país en cuestión planteara el cierre de sus fronteras, por lo que se entiende que la política de libertad de circulación no estaría bien aplicada, afectando a ciudadanos europeos.

Asimismo, la Comisión Europea debe definir claramente los supuestos, puesto que el control fronterizo podría acabar siendo utilizado arbitrariamente y de forma injusta por los estados miembros.

En conclusión, habrá que esperar a la decisión que se adopte sobre las medidas propuestas por la Comisión Europea. Dichas medidas deben ser aprobadas por los Estados miembros para su aplicación. Además, habrá que ver en qué medida Europa puede estar afectada si dichas propuestas consiguen desarrollarse. Y por último y no menos importante, en qué situación quedarán los propios inmigrantes, al amparo de los vaivenes de los avatares políticos y no tanto de la tan cacareada justicia social europea (presión tanto en Francia como en Italia de los grupos anti-inmigrantes, como la Liga Norte y el Frente Nacional, y la proximidad en ambos casos de elecciones, municipales en mayo en Italia y presidenciales en 2012 en Francia).